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El Legal Compliance es el conjunto de actividades que una empresa realiza con la finalidad de prevenir, detectar y gestionar todos aquellos riesgos que pudieran conllevar cualquier tipo de incumplimiento normativo por parte de una empresa.
En el año 2010 se promulgó una reforma en el Código Penal español que introdujo una figura hasta el momento inexistente en nuestro sistema legal, que era la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando de este modo a nuestro ordenamiento diversas directivas elaboradas por el Parlamento Europeo y el Consejo, destacando la número 2014/57/UE de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la 2017/541/UE de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y la 2017/1371, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho Penal.
A raíz de dicha reforma, se obligó en cierta medida a las empresas realizar un programa de política de cumplimiento normativo y revisar el modelo de prevención de los riesgos que pudiera ocasionar el incumplimiento de los mismos.
Igualmente, las diversas interpretaciones que nuestros tribunales han ido realizando de dicha normativa ha sido unánime a la hora de destacar la gran importancia y la necesidad de que las empresas cuenten con un sólido programa de Legal Compliance, que permita evitar que los gestores de dichas compañías pudieran incurrir en cualquier tipo de responsabilidad penal por diversos incumplimientos legales.
Estos programas, ligados al principio de oportunidad, tienen como finalidad proyectar que la empresa se opone a la comisión de delitos en su seno, así como de revelar su intención de combatir dichas conductas ilícitas o fraudulentas. Si desea quedar exento de responsabilidad penal en su empresa llámenos, le asignaremos al mejor abogado de legal compliance en su ciudad.
Su implantación previa a la comisión del delito puede servir como causa de exención de la responsabilidad penal de la sociedad; si se adoptan tras perpetrar el delito, pero con anterioridad al inicio del juicio oral, podrá constituir una atenuante de la responsabilidad.
Como explicamos en nuestra publicación sobre derecho penal y empresas, las personas jurídicas pueden quedar exentar de responsabilidad penal si prueban la existencia de planes de cumplimiento normativos implantados en su organización que fuesen puestos en marcha con anterioridad a la comisión del delito y le supusiesen al autor la necesidad de realizar grandes esfuerzos por evadirlo. Además, debió haberse creado un órgano designado para supervisar su eficacia (con cierta independencia y que desempeñase sus funciones de supervisión, vigilancia y control debidamente).
Si está pensando en diseñar e implantar un programa de compliance en su empresa contacte con SuperAbogado. Nuestros abogados de legal compliance, especialistas en compliance penal y de las normas ISO en la materia, conocen cómo debe ser un programa de prevención de delitos para poder eximir de responsabilidad penal.
Les ofrecemos los servicios de nuestros abogados expertos en programas de compliance, que actúan del siguiente modo para elaborar un programa de compliance:
El compliance officer es el órgano de vigilancia de estos mecanismos, que debe tener a su disposición los suficientes recursos para gestionar la actividad económica impidiendo o, al menos, dificultando la comisión de delitos.
Conforme a lo dispuesto en la Circular 1/2016 FGE, de 22 de enero, en función del tamaño de la empresa, el órgano de vigilancia puede ser personal o deberá estar conformado por varias personas.
Los abogados especialistas en compliance officer analizarán la estructura y objeto de su empresa para determinar qué forma debe adoptar el compliance officer en su caso concreto y si sería aconsejable externalizar las actividades, o si es preferible que tales funciones las desempeñe directamente el órgano de administración.
Por ello, es de suma importancia contar con un abogado experto en Legal Compliance que elabore un sistema de organización en la empresa que permita gestionar un código de conducta basado en los principios del buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad que garanticen evitar que en un futuro la empresa se vea envuelta en un proceso penal.
Si necesita a un profesional de estas características, contacte con SuperAbogado.