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Las agresiones al personal sanitario son una constante. Desde 2009, tras la muerte de una médica residente de 34 años en Murcia a manos de su paciente, 52 Colegios de Médicos de España se encuentran trabajando para luchar contra esta lacra. Hoy en día es más necesaria que nunca, a causa de la pandemia que nos acontece con el coronavirus. Tras el mencionado caso, se creó el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC). Este recoge las agresiones denunciadas a través de las corporaciones médicas. Gracias a este proyecto se han registrado en 2020 un 35 % menos de casos que con respecto al año anterior, si bien, las amenazas e insultos aumentan y la mayor lacra la sufren las mujeres.
No obstante, los ataques que el personal sanitario sufre desde hace mucho tiempo, y aunque el Tribunal Supremo llegó a considerarlos como un delito de atentado ya en el año 2007, no fueron sujetos de regulación hasta el 2015 cuando se reformó el Código Penal. Se estableció por primera vez dentro del delito de atentado a la autoridad a los funcionarios sanitarios.
Lo primero que debemos aclarar es que no se trata de un precepto especial o separado del supuesto general de atentado contra la autoridad regulado en el artículo 550 del Código Penal y siguientes. Lo único que ha hecho el legislador es aclarar el concepto de funcionario, donde se incluyen tanto profesores como sanitarios.
Los culpables de este delito de atentado son aquellos que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Siendo las penas de prisión establecidas en el precepto de uno a cuatro años. No obstante, la salud pública puede modificar la legislación, y lo hemos visto con el Covid-19. El Real Decreto que estableció el estado de alarma en 2020 reforzaba de forma especial la autoridad sanitaria, interponiendo multas ante cualquier desobediencia ciudadana.
Este último caso, demuestra que la autoridad sanitaria es más importante que nunca, y que debe protegerse el ejercicio pacífico de los derechos y libertades públicas, así como el correcto funcionamiento de las instituciones y organismos públicos. Por eso, es fundamental que acceda al mejor abogado en atentados contra la autoridad médica, que conozca la normativa cambiante y pueda analizar de forma personalizada su caso concreto.
A continuación, mostramos algunos de los aspectos en los que podría ayudarle el mejor abogado especialista en delitos de atentado contra personal sanitario:
Nuestro equipo está formado por abogados especialistas en derecho penal de toda España. Y de entre todos ellos hemos verificado la experiencia en delitos de atentado a funcionarios sanitarios.
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