Abogados expertos en Negligencias Médicas en Soria

¿Qué se considera negligencia médica?

Con carácter general la culpa o negligencia describe la falta de cuidado al realizar una conducta o no hacer algo (puede darse por una actuación equivocada o por la omisión de una conducta debida).

Bajo el término “negligencia médica” se engloban diversas malas prácticas médicas (muy dispares), por parte de clínicas, hospitales, centros de salud o del personal sanitario que atendió al paciente, que pueden generarle una lesión muy grave por no actuar correctamente (bien sea invalidez, incapacidad permanente, lesiones o empeoramiento de su salud). Debemos subrayar que dicha lesión ha de ser resarcida, sin que para ello se exija el ánimo de dañar, puesto que tales daños (fruto del servicio médico defectuoso) no habrían tenido lugar si el personal médico hubiese actuado conforme a la lex artis (el personal omitió las actuaciones pertinentes y no siguió el protocolo médico exigible en tales circunstancias, sobre el que son conocedores nuestros abogados expertos en mala praxis médica) y el paciente no tiene el deber de soportarlos.

Los daños por negligencia médica suelen ser debidos a la impericia o imprudencia del personal médico, muchas veces por realización de operaciones rutinarias, y tal conducta puede ser constitutiva de un delito de lesiones imprudentes o, incluso, de homicidio imprudente.

El Código Civil hace referencia expresa a esta figura al indicar en materia de responsabilidad civil extracontractual (artículo 1.902), que también resulta de aplicación al ámbito médico, que toda persona ha de responder por los daños causados por acción u omisión “interviniendo culpa o negligencia”.

Tipos de negligencias médicas

A continuación enumeramos una serie de negligencias médicas, sin carácter exhaustivo, a fin de facilitar su identificación, aunque será necesario un estudio de su caso particular practicado por un letrado de negligencias médicas para corroborar la concurrencia de negligencia médica, así como de cada uno de los requisitos precisos para su apreciación.

• Negligencia médica por omisión de diagnóstico.
• Negligencia médica por mal diagnóstico (error de valoración).
• Retrasos en el tratamiento (la ausencia de un tratamiento “a tiempo” puede causar un perjuicio irreversible para el paciente).
• Error en la prescripción de medicamentos (recetar medicamentos inadecuados).
• Ausencia de consentimiento informado.
• Negligencias en intervenciones quirúrgicas (por ejemplo, ser operado del riñón equivocado u olvidar dentro del paciente instrumental médico).
• Errores en cirugía estética.
• Negligencias médicas por contagio (infecciones nosocomiales; transmisión de enfermedades infecciosas por transfusiones sanguíneas, tales como VIH/SIDA).
• Negligencias causantes de lesiones durante el parto.
• Negligencia médica con resultado de muerte (muerte por negligencia médica).
• Error en el tratamiento médico
• Realización de una cirugía errónea
• Utilización de manera indebida del material e instrumentos quirúrgicos o medicamentos

• Error a la hora de interpretar las pruebas realizadas

Las negligencias médicas en el Código Penal

Existen diferentes tipos de conductas que se consideran como negligencias médicas en el Código Penal.

Son las siguientes:

• Causar la muerte de otra persona por imprudencia grave. En este caso se considera al profesional sanitario como autor de un homicidio imprudente. La pena que se puede imponer es de 1 a 4 años de prisión. Además, si existe imprudencia profesional en el homicidio, se impone también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un período de 3 a 6 años.
• Provocar la muerte de otra persona por imprudencia menos grave. El sanitario es condenado como autor de un homicidio imprudente menos grave. La pena oscila entre los 3 y los 18 meses de multa.
• Causar lesiones a otra persona por imprudencia grave. Las penas a imponer varían en función del riesgo creado y del resultado producido. No obstante, si las lesiones se producen por imprudencia profesional se impone además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. El periodo de inhabilitación es de entre 6 meses a 4 años.
• Ocasionar un aborto por imprudencia grave. El médico es castigado con pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Si el aborto se comete por imprudencia profesional se impone también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un periodo de 1 a 3 años.
• Causar en un feto una lesión o enfermedad que perjudique su normal desarrollo o provocarle una grave tara física o psíquica. Todo ello cuando el profesional sanitario haya actuado con imprudencia grave. El autor de los hechos es castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Además, y por existir imprudencia profesional, se impone la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un tiempo de entre 6 meses a 2 años.
• Llevar a cabo una manipulación genética por imprudencia grave. La pena impuesta será de multa de 6 a 15 meses e inhabilitación especial para la profesión de 1 a 3 años.
• Sustitución de un niño por otro por imprudencia grave de los responsables de su identificación y custodia en centros sanitarios o socio-sanitarios. El castigo que se impone es la pena de prisión de 6 meses a 1 año.

Indemnización por negligencia médica

Un abogado experto en negligencia médica de Soria, podrá determinar la existencia y el alcance de los daños, tanto físicos como psicológicos o emocionales, lo que generalmente se realiza con la aplicación del baremo de accidentes de tráfico además de atender a las circunstancias concurrentes (los tribunales vienen aceptando que se ajuste el montante indemnizatorio por una negligencia médica al baremo de la Ley del Automóvil, entendiendo que es de usual aplicación a otros campos jurídicos, aunque no de manera vinculante), pues usted no ha de soportar un daño desproporcionado.

Para que proceda su resarcimiento deberá acreditar la concurrencia de tres elementos:

• El daño.
• La actuación negligente.
• El nexo causal entre ambos elementos (entre la conducta médica negligente y el resultado dañoso).

Además, es conveniente contar con un informe pericial de un perito médico que determine que existió una negligencia médica, quién fue su responsable y que tal actuación fue la causante de los daños sufridos por el paciente. Contamos con la colaboración de los mejores peritos especialistas en negligencias médicas, esenciales para el éxito de la demanda.

¿Cómo actuar ante una negligencia médica?

En primer lugar, hay que contactar con un abogado especialista en la materia que pueda dar el asesoramiento que necesita. Desde SuperAbogado ponemos a su disposición a los mejores abogados de España expertos en este asunto.

Es necesario reunir toda la documentación médica en relación a la lesión sufrida. Por eso es recomendable que solicite copia de su historial médico al centro u hospital donde siga el tratamiento.

El abogado contactará con un perito médico especializado en negligencias médicas que pueda dar su opinión sobre los hechos. Así determinará si la reclamación de indemnización puede ser viable o no.

Una vez que ese informe pericial nos confirme que efectivamente nos encontramos ante una negligencia médica, se podría presentar una reclamación extrajudicial antes de iniciar la vía judicial a fin de intentar llegar a un acuerdo.

Si ese acuerdo no se alcanza, entonces se podría iniciar la vía judicial.

La reclamación se interpondrá ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa si la negligencia médica es llevada a cabo por un médico perteneciente a la sanidad pública. Si el facultativo pertenece a la sanidad privada y sólo tenemos interés en obtener una indemnización por los daños sufridos, entonces la reclamación se tramitará por la Jurisdicción Civil. Sin embargo, si además de la indemnización queremos que el médico sea condenado como autor de un delito o inhabilitado en su profesión, entonces la reclamación hay que vincularla a la vía penal.

Tipos de negligencias en la cirugía estética

A continuación exponemos algunos de los tipos de negligencias en la cirugía estética en los que los abogados de SuperAbogado podrán ayudarle a conseguir una condena a la clínica estética y el resarcimiento de los daños por su mala práctica (cirugías estéticas mal hechas):

• Negligencia médica de un cirujano estético en el aumento o reducción de pecho, como es el caso de colocación o cambio de implantes mamarios inadecuado (deformidad en las mamas, separación entre las mismas, con desnivel, desplazamiento de los implantes, así como molestias y pérdidas de sensibilidad).
• Negligencias estéticas en liposucciones o lipoesculturas.
• Negligencias del anestesista (anestesia mal suministrada, deficiente reanimación o reacciones adversas a fármacos), que pueden producir la muerte o muy graves afecciones cerebro-medulares irreversibles.
• Provocar hemorragias con riesgo vital.
• Dejar instrumental médico dentro del cuerpo del paciente.
• Realizar inadecuadamente una rinoplastia, generando dificultades respiratorias.

Abogados de negligencia médica

Si quiere reclamar al responsable de los daños sufridos como consecuencia de una negligencia médica nuestros abogados especializados en negligencias médicas le ayudarán a obtener la mayor indemnización posible, tanto si se tratase de profesionales del ámbito de la sanidad pública, en cuyo caso habrá que realizar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Administración, como si la negligencia se produjo en el marco de una relación contractual, correspondiendo en este último caso -personal de la clínica privada- su conocimiento al orden jurisdiccional civil (de no llegar a un acuerdo amistoso), además de tener en ambos casos la posibilidad de acudir a la vía penal, sobre la que podrán informarle nuestros abogados penalistas de negligencias médicas.

Lo que podemos hacer ante una negligencia médica:

• Una pericial médica para que su abogado pueda probar la negligencia médica que ha existido en su caso.
• Interponer querella contra los profesionales sanitarios responsables de la negligencia médica grave.
• Demanda por responsabilidad civil contra dichos profesionales, cuando la negligencia sea menos grave.

Y ¿Qué es el consentimiento informado?

El consentimiento informado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de autonomía del paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), es el consentimiento que se exige en toda actuación en el ámbito de la salud y puede definirse como el derecho del paciente a ser informado sobre los extremos importantes de su situación médica, al igual que de todos los tratamientos posibles, para que pueda decidir cómo quiere ser tratado médicamente.

Para que le sea practicada una actuación sanitaria el paciente (o cliente, en caso de medicina satisfactiva) debe otorgar su consentimiento libre y voluntario una vez que haya recibido la información asistencial y valorado las opciones con las que cuenta, por el que consiente el riesgo creado y puede liberar a la Administración (o al centro médico privado) de su responsabilidad por falta de consentimiento informado (en función del alcance del consentimiento prestado). Un abogado experto en consentimiento informado en Soria, como los que pone a su disposición SuperAbogado, podrá analizar la concurrencia o falta de suficiente información, acreditar si el consentimiento fue otorgado y hasta qué límites.

¿El consentimiento informado deberá constar por escrito?

Con carácter general, el consentimiento al tratamiento puede ser prestado de forma verbal, aunque al manifestarse por escrito se facilita su prueba ante los tribunales, correspondiendo al profesional sanitario la prueba de la información. No obstante, en determinados supuestos es necesario que el consentimiento se conceda por escrito.

Procedimientos habituales en los que debe darse el consentimiento informado por escrito

Seguidamente enumeramos los procedimientos en los que es indispensable que el consentimiento informado se otorgue por escrito:

• Para someterse a una intervención quirúrgica (así se garantiza que los pacientes se someten al tratamiento con plena conciencia de los riesgos que pudieren entrañar y de cuáles son las posibilidades de éxito inherentes a la intervención).
• En procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
• Si fuesen a aplicarse procesos que comporten riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

¿Cuándo puede prescindirse del consentimiento informado?

Cuando la no realización de la actuación asistencial suponga un riesgo para la salud pública, a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En estos supuestos se prevé que deban adoptarse las medidas específicas, previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las cuales deberán comunicarse a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.

Así pues no será necesario el previo consentimiento informado en las siguientes situaciones:

• Si existiere riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias; en cuyo caso, cuando se adoptaren las medidas oportunas, habrán de comunicarse al Juzgado en el plazo máximo de 24 horas si dispusiesen el internamiento obligatorio de personas.
• Con motivo de la existencia de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo (derecho fundamental protegido por el artículo 15 de la Constitución Española) y no fuese posible conseguir su autorización. En este supuesto habrá de consultarse, siempre que las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas a él vinculadas.
  
  En ambos casos, los facultativos deberán realizar las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente.
  
  Por lo demás, tan pronto como se haya superado la situación de urgencia, el paciente deberá ser informado, sin perjuicio de que mientras tanto se informe a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Requisitos del consentimiento informado en España

Este consentimiento no puede consistir en rellenar meros formularios estandarizados o simples documentos genéricos, sino que los médicos deberán observar el caso concreto y supervisar qué capacidad tiene el paciente para entender la información que le suministran, así como su situación, las posibilidades de éxito o mejoría y las de fracaso, con información de todas las técnicas de tratamiento y de sus consecuencias y de cuáles serían los posibles tratamientos alternativos.

Así, el consentimiento del paciente debe reunir las siguientes notas características:

• Ha de ser libre.
• Prestado de manera voluntaria.
• Debe ser consciente, después de haber recibido la información adecuada (tras recibir la información, el paciente debe poder decidir libremente someterse o no a la correspondiente actuación médica).

¿Quién ha de prestar el consentimiento?

Corresponde al paciente ejercitar tal derecho, siempre que tenga capacidad natural y legal suficiente para ello. En determinadas situaciones (incapacidad, modificación judicial de la capacidad o minoría de edad) dicho consentimiento también puede ser prestado por su representante legal o persona vinculada (familiar o de hecho) o, en su caso, por la autoridad judicial. Un abogado especialista en consentimiento informado puede revisar si la persona que prestó el consentimiento estaba legitimada para hacerlo.

¿Tengo derecho a una indemnización por ausencia del consentimiento informado?

La ausencia de consentimiento informado del paciente supone una infracción de la lex artis (reglas a las que ha de sujetarse la actuación de los miembros de la profesión médica) que revela una manifestación anormal del servicio sanitario, pero no implica per se la necesidad del resarcimiento pecuniario, sino que solamente podrá dar lugar a una indemnización cuando se generen daños o secuelas (de las que no fue informado) al paciente, a la familia o a terceros. Es decir, para exigir una responsabilidad se requiere que se haya generado un resultado lesivo por las actuaciones médicas que se realizaron sin haber recabado el consentimiento informado.

¿Dónde se regula el derecho a un consentimiento informado que tiene cualquier paciente?

Es el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica el que regula el consentimiento informado del paciente.

Después de establecer que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente requiere de su consentimiento libre y voluntario, tras haber recibido la información asistencial, el apartado 2 del citado artículo 8 prevé que “el consentimiento será verbal por regla general”, pero que “se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”.

¿Cómo se deja constancia del consentimiento verbal dado por un paciente?

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de autonomía del paciente, el consentimiento informado verbal debe quedar registrado de forma adecuada en la Historia Clínica de la persona enferma.

¿Quién debe demostrar que se ha dado una correcta información y por lo tanto el consentimiento ha sido informado?

Se viene entendiendo que, quien debe demostrarlo llegado el caso no es el paciente sino los servicios médicos, dado que se entiende que son los que tienen una mayor facilidad para acceder a dicha prueba. En este sentido, si el paciente dice que no ha sido debidamente informado, por mucho que el médico diga que ha dado toda la información, si no es capaz de demostrarlo los juzgados deben hacer prevalecer la declaración negativa del consentimiento dada por el paciente, lo cual resulta de una trascendencia enorme.

¿Qué responsabilidad del profesional puede predicarse por no haber omitido el deber de información al paciente adecuadamente?

El deber de la informar al paciente es una obligación del profesional necesaria, tratándose así de una obligación del contrato de servicios profesionales, y es por ello que su violación puede suponer una vulneración de dicho deber.

Dicha infracción del deber de información puede acarrear responsabilidad no sólo civil (responsabilidad patrimonial), sino también deontológica o administrativa.

Por lo que a la responsabilidad civil, encontramos posturas dispares en las resoluciones del Tribunal Supremo donde unas veces se determina que la falta de consentimiento informado ha dado lugar a consecuencias dañosas sufridas por el paciente y otras veces no.

Para concretar la responsabilidad imputable al profesional a que puede dar lugar la falta de información, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha adoptado siempre la misma postura.

Algunas Sentencias han considerado que la ausencia de consentimiento informado origina por sí mismo un daño (en este sentido, las Sentencias de 9 de mayo y de 22 de junio de 2005 de Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Supremo).

En estas resoluciones se pone de relieve que, aunque la falta de consentimiento informado constituye una mala praxis ad hoc, ésta no da lugar por sí misma a la responsabilidad patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el paciente.

Esto no quiere decir que no se genere ninguna responsabilidad para el profesional que vulnera el deber de información, en tanto que la falta de información podrá dar lugar a una responsabilidad deontológica o disciplinaria.

Consentimiento informado: ¿existe un catálogo de formularios escritos?

El equipo de SuperAbogado ha acompañado a varios clientes en diferentes asuntos donde han estado por medio de formularios del Catálogo de Formularios Escritos de Consentimiento Informado elaborado por el Gobierno de Andalucía. 

A ellos se tiene acceso en la Web del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) sobre el consentimiento informado.

Este Catálogo tiene como fines, además de unificar la estructura y contenido de los formularios, ofrecer a la ciudadanía andaluza información veraz y comprensible sobre las distintas intervenciones.

Por lo demás, la elaboración y mantenimiento del Catálogo de Formularios Escritos de Consentimiento Informado es fruto de un proceso dinámico, liderado por grupos de profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, bajo la coordinación del Comité de Evaluación y Seguimiento del Consentimiento Informado (CESCI).

El consentimiento informado en el ámbito penal

El ámbito penal se encuentra reservado únicamente para aquellos supuestos de especial relevancia que se hallen tipificados dentro del Código penal, de tal manera que no toda negligencia médica derivará en una responsabilidad penal, si no que lo habitual será encontrarnos ante una responsabilidad civil o administrativa.

El código penal establece en su artículo 5 que no hay pena sin dolo (intención de causar el daño) o imprudencia, y tampoco se puede castigar por un delito que, en el momento de su comisión, no estuviera recogido como tal. En cuanto a la imprudencia, se exigen una serie de requisitos para que sea penalmente relevante que va más allá de deficiencias puntuales, y tampoco se mira desde la perspectiva, sin otros requisitos, del hecho de que carezca el médico o facultativo de unos conocimientos extraordinarios o que requieran una cualificación o especialización determinadas, sino que ha de verse desde la perspectiva de un médico normal. Es decir, se trataría de infracciones básicas para cualquier médico, dicho todo esto en rasgos muy generales y con la debida cautela, pues siempre ha de tenerse en cuenta el caso concreto sin que se pueda generalizar en modo alguno.

En este sentido, en el ámbito penal la existencia o no existencia del llamado consentimiento informado carece totalmente de relevancia, puesto que los factores determinantes de la responsabilidad penal dependen de que la conducta del profesional haya sido dolosa o imprudente, pudiendo ser calificada normalmente como delito de lesiones, delito de homicidio, o bien delito de aborto.