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En el complejo entramado legal, el recurso de casación civil se posiciona como un recurso crucial que permite revisar sentencias de segunda instancia. Este proceso puede llegar hasta el Tribunal Supremo, ofreciendo la oportunidad de demostrar una interpretación errónea de la ley o una incorrecta aplicación, modificando la sentencia a favor del interesado.
Dentro de la legalidad española, se consideran recurribles en casación las sentencias que concluyen la segunda instancia dictadas por audiencias provinciales, junto con autos y sentencias de apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, siempre que se reconozca la facultad de recurrir en tratados, convenios o reglamentos de la Unión Europea.
El acceso a la casación se fundamenta en el interés casacional y la tutela judicial de derechos fundamentales. Es fundamental que el recurso esté basado en infracciones de normas procesales o sustantivas, con presencia de interés casacional. Este interés puede surgir en casos que se opongan a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, resuelvan puntos de jurisprudencia contradictoria, apliquen normas sin doctrina jurisprudencial o sean de interés general para la interpretación uniforme de la ley. Será fundamental que su abogado convenza al Supremo de que su caso tiene este especial interés, pues de lo contrario será inadmitido, y no se estudiará el fondo del caso.
Es esencial tener en cuenta que la valoración de la prueba y la fijación de hechos no pueden ser objeto de recurso de casación, salvo en caso de un error de hecho patente y verificable. Además, se debe acreditar que la infracción se haya denunciado en instancias previas. La competencia para resolver estos recursos recae en la Sala Primera del Tribunal Supremo, salvo circunstancias específicas en el Derecho civil, foral o especial de la comunidad autónoma correspondiente.
La presentación del recurso debe cumplir con criterios específicos de contenido y forma, siendo tramitado ante el tribunal que dictó la resolución en un plazo de 20 días. Tras diversas fases, la decisión del recurso se ejecuta a través de sentencia o auto, dependiendo de la existencia o no de doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada.
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